domingo, septiembre 20, 2026

Tren Maya: Expropiaciones de Terrenos Ejidales y sus Indemnizaciones.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ha formalizado la expropiación de terrenos ejidales en Yucatán y Quintana Roo para el desarrollo del Tren Maya, garantizando indemnizaciones por un total que supera los 533 millones de pesos.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ha anunciado la expropiación de terrenos ejidales en el marco del proyecto del Tren Maya, con el objetivo de facilitar la construcción de esta importante infraestructura ferroviaria. En total, se han publicado tres decretos en el Diario Oficial de la Federación (DOF), afectando localidades en Yucatán y Quintana Roo.

El primer decreto contempla la expropiación de una superficie de 53 hectáreas en el ejido ‘Maxcanú’, ubicado en el municipio del mismo nombre en Yucatán. Esta acción se justifica por causa de utilidad pública y está destinada a Fonatur Tren Maya. El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) determinó que el monto de indemnización correspondiente es de 21 millones 69 mil 658 pesos, cifra basada en un avalúo realizado el 18 de enero de 2024.

En un segundo decreto, se expropian 102 hectáreas del ejido ‘Puerto Morelos’, en Quintana Roo. Esta medida también se realiza por utilidad pública, y el Indaabin ha fijado la indemnización en 511 millones 601 mil pesos, de acuerdo con un dictamen emitido el 22 de diciembre de 2023.

Por último, el tercer decreto involucra la expropiación de 59 mil 52 hectáreas del ejido ‘X-Hazil y Anexos’, en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. La indemnización para esta superficie ha sido valorada en 395 mil 96 pesos, con base en un dictamen del 8 de febrero de 2024.

Estas expropiaciones se llevan a cabo en el contexto del desarrollo del Tren Maya, un proyecto que busca impulsar el crecimiento económico y turístico de la región, pero que también ha generado controversia entre las comunidades afectadas. Se espera que el gobierno cumpla con los pagos de indemnización correspondientes, asegurando así un proceso justo para los ejidatarios involucrados.

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