Según se señala en el amparo, el Congreso no cumplió con los estatutos marcados por la Ley para designar al funcionario.
Después de la votación legislativa que se diera el pasado 12 de octubre en donde Rodrigo Joaquín Lecourtois fuera designado como titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, el Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, recibió una solicitud de amparo en contra del Congreso del Estado y la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización, para que dicha votación se vuelve a realizar, ya que, según el documento, ésta no se hizo de acuerdo con los estatutos marcados por la ley.
Según el amparo, la Comisión de Vigilancia fue omisa en verificar que los aspirantes al cargo se encontraran o no en activo como servidores públicos al momento del proceso de elección, así como no sustentaron la experiencia comprobada de al menos cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades de cada participante que se pide para el cargo, además de que no hubo revisión o validación de los documentos presentados por cada uno.
En este sentido, el escrito también puntualiza que Rodrigo Joaquín Lecourtois no acreditaba la experiencia mínima comprobada de cinco años, ni tampoco justificó su previa separación al cargo público como consejero Jurídico del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, por lo que, a razón del inconforme la votación del Pleno se realizó de manera infundada.
Derivado de ello, en dicho amparo se pide que se reponga la sesión ordinaria No. 80 para que se vuelva a realizar la votación de un nuevo dictamen solo con los candidatos que acrediten los requisitos normativos previstos, así como las bases de la convocatoria.
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