3 mil 282 cumplieron con su obligación; sólo hubo 18 personas omisas que serán sancionadas.
Redacción.- Como resultado de las políticas que impulsa el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, para fomentar la transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía, el 99.45 por ciento de las y los servidores públicos obligados a presentar su declaración patrimonial, fiscal y de intereses (3de3), cumplieron con su obligación durante mayo como
lo señala la ley, informó el Contralor General, José Gabriel Rosillo Iglesias.
Durante rueda de prensa, el funcionario estatal indicó que las y los servidores obligados son de 3 mil 300, y que con acciones de este tipo el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con la apertura, la transparencia, rendición de cuentas y el acceso a la información, como un instrumento para la prevención y el combate a la corrupción.
Puntualizó que el número de declaraciones presentadas este 2019 sobre el ejercicio 2018 fue de 3 mil 282, y existen sólo 18 omisos; personas que les será requerido presentar su declaración en 30 días, de lo contrario serán sancionados de acuerdo a lo que marca la ley con diversas acciones que llegan hasta la separación del cargo.
Explicó que los servidores públicos obligados son desde el gobernador, secretarios o encargados, mismos que cumplieron con esta obligación en tiempo y forma, así como, directores generales, directores de área, subdirectores y jefes de departamento, de 72 dependencias del estado, incluidas 21 a nivel centralizado, como la Fiscalía General, y 51
descentralizadas.
Rosillo Iglesias afirmó que San Luis Potosí es el único gobierno estatal y la única entidad pública del país que pública las declaraciones de servidores públicos, desde 2017, utilizando el formato promovido por las organizaciones que impulsaron la 3 de 3, información disponible a través de la página de la Contraloría General, donde ya puede ser consultada, con adecuaciones solicitadas por la CEGAIP, para mayor agilidad y por dependencia.
El Contralor General del Estado comentó que, desde el inicio de la administración a la fecha, se contabilizan 449 servidores públicos sancionados, aunque los números pueden variar, porque los procedimientos pueden durar más de 2 años, y será hasta julio cuando se hará un corte del año 2019; las sanciones en total son 654, de las cuales 265 son
amonestaciones, 42 suspensiones, 9 destituciones, 122 inhabilitaciones, 133 multas y 83 otros procedimientos.
Agregó que gracias al esfuerzo preventivo que ha realizado la Contraloría General del Estado, con el sistema de control interno, se ha logrado la reducción de observaciones al ejercicio de recursos públicos a 0.5 por ciento.
Rosillo Iglesias explicó la razón por la que varían los salarios de los servidores públicos respecto al 2018, esto tras haberse publicado en medios de comunicación un supuesto incremento salarial a algunos miembros del gabinete legal y ampliado del Ejecutivo Estatal, lo cual se deriva de la actualización de las tarifas para la determinación del Impuesto sobre la Renta contenidas en la legislación fiscal que se actualiza de acuerdo a la
tasa de inflación, situación que modifica las cantidades del salario neto percibido por los funcionarios señalados.
