La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) enfrenta una nueva ola de cuestionamientos, luego de reconocer que más de 170 elementos de la Guardia Civil Estatal están bajo investigación por diversas irregularidades, que van desde faltas administrativas hasta abusos policiales y uso excesivo de la fuerza.
El propio titular de la corporación, Jesús Juárez Hernández, admitió que 45 de estos casos ya fueron turnados a la Comisión de Honor y Justicia, instancia encargada de definir sanciones. Sin embargo, las cifras evidencian una crisis de disciplina y confianza dentro de una institución que debería garantizar el orden, no romperlo.
“No todos los expedientes son por mala actuación, pero sí hay varios relacionados con malas prácticas”, dijo el funcionario, en un intento por matizar la gravedad del panorama.
De acuerdo con Juárez Hernández, cuando las denuncias derivan en posibles delitos, como abuso de autoridad o agresiones durante operativos, los casos pasan a manos de la Fiscalía General del Estado, mientras la SSPC realiza una investigación paralela interna.
A pesar de estos mecanismos, la falta de transparencia y sanciones visibles ha generado dudas sobre la efectividad real de los controles internos. Organizaciones civiles y ciudadanos han señalado que las quejas rara vez concluyen en sanciones ejemplares y que la mayoría de los expedientes terminan “congelados” en la burocracia institucional.
Mientras tanto, la Guardia Civil acumula denuncias y pérdida de credibilidad, en un contexto donde la población demanda mayor vigilancia… pero también mayor rendición de cuentas.
