Por: Euribiades García Córdova
Desde que asumiera el poder como gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses se ha caracterizado por la agresividad en su intento de sofocar la lucha de los pobres mediante la represión. El acoso, la persecución, el encarcelamiento y las amenazas desde el poder contra los antorchistas han sido constantes, con el claro propósito de acabar con la organización popular; pero no hemos sido los únicos, pues se sabe que la ha emprendido contra varios grupos con la misma actitud.
Hidalgo, según el INEGI, está dentro de los 10 estados más pobres del país: un millón y medio de ciudadanos, el 51 por ciento del total, padecen algún tipo de pobreza, y el 11.4 por ciento pobreza extrema, es decir que 350 mil ciudadanos no tiene la posibilidad ni siquiera de llenar el estómago. De los 3 millones de habitantes de la entidad, un millón 964 mil no tiene acceso a la seguridad social y 771 mil no cuentan con servicios básicos, además, casi un millón se encuentra “ocupada” en la informalidad, el 75.1 por ciento de la población económicamente activa (PEA) de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondiente al trimestre julio-septiembre 2018.
Para exigirle al gobierno del estado, que este año recibirá 46 mil 271 millones de pesos, un 9.8 por ciento más que en el 2108, atienda sus demandas de obras y servicios que constituyen derechos humanos fundamentales, tales como el acceso al agua potable, la luz eléctrica, la salud y programas alimentarios, los antorchistas programaron la realización de una marcha con 40 mil hidalguenses en la ciudad de Pachuca, capital de ese estado, para el miércoles 10 de abril.
Sin embargo, Omar Fayad volvió a las andadas, reprimiendo ferozmente a los humildes que acudirían a exigirle soluciones, inmovilizándoles por la fuerza, desde las primeras horas de la madrugada, más de 500 autobuses con retenes policiacos que emplearon la violencia verbal y física sin importarles edad ni sexo de los ocupantes, prácticamente en todas las zonas del estado: Huasteca, el Valle del Mezquital y la Otomí-Tepehua, y con el cierre de todas las carreteras de acceso a Pachuca (con lo que se provocó, incluso, el accidente de un autobús procedente de Huejutla, al que se le atravesó una patrulla del gobierno del estado con saldo de 37 lesionados, 4 de ellos de gravedad) violando con este proceder los derechos constitucionales de manifestación, petición, expresión de las ideas y de libre tránsito de los ciudadanos, que lo revela como un furibundo y dictatorial enemigo de los pobres de Hidalgo y de México, al que no le gusta que le exijan el cumplimiento de sus obligaciones y opta por la represión y la cancelación de facto de los derechos de del pueblo.
Pero los hidalguenses no votaron por un tirano, pagado de sí mismo por sentirse “iluminado”, que les conculque sus derechos humanos; por un dictadorzuelo con tendencias fascistas que se gasta el dinero de los impuestos en pagar las fuerzas represivas para utilizarlas en pisotear el estado de derecho vigente violando flagrantemente la ley y agrediendo al pueblo al que debiera resguardar, sin otra explicación posible que la prepotencia, la soberbia y el abuso del poder público. Por eso los antorchistas hidalguenses, con todo derecho, exigirán ante las instancias correspondientes el Juicio Político y/o la destitución de Omar Fayad Meneses, pues Hidalgo se merece un auténtico gobernador.
