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Policía australiana admite espionaje a periodistas

En junio, la Policía realizó un registro de ocho horas en la sede de la ABC a raíz de la filtración de documentos clasificados vinculados a presuntos excesos de militares desplegados en Afganistán.

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La Policía de Australia admitió el espionaje a periodistas entre julio de 2017 y junio de 2018 en virtud de una reforma legal de hace cuatro años y en medio de un debate en torno a la libertad de prensa en el país oceánico. 

Según los documentos publicados hoy por varios medios locales, las autoridades accedieron en 58 ocasiones a los metadatos de dos periodistas durante el citado periodo. La propia fuerza de seguridad admitió las investigaciones ante un comité parlamentario de Inteligencia y Seguridad, para las cuales obtuvo órdenes judiciales para acceder a la información de los reporteros, quienes no fueron identificados, informa la cadena pública ABC. 

Las autoridades utilizaron para el espionaje una reforma legislativa de 2015 que obliga a las empresas de telecomunicaciones a mantener durante dos años los registros de las llamadas telefónicas y las direcciones de IP, entre otros metadatos de los usuarios. La revelación del espionaje a periodistas se da a conocer durante un momento de tensiones entre los medios de comunicación y las autoridades australianas. 

En junio, la Policía realizó un registro de ocho horas en la sede de la ABC a raíz de la filtración de documentos clasificados vinculados a presuntos excesos de militares desplegados en Afganistán. Además, la vivienda de la periodista Annika Smethurst, del grupo News, también fue registrada por las autoridades debido a una información sobre los planes del Gobierno australiano de dar más poderes a las agencias de inteligencia para espiar a los ciudadanos del país. 

Los principales medios australianos han denunciado que estos registros son un atentado contra la libertad de prensa y exigen que terminen. Australia además cuenta desde 2014 con una serie de leyes que criminalizan la divulgación de información vinculada a los intereses de Estado, tipifican nuevos delitos de espionaje y permiten el acceso a los metadatos de los ciudadanos.

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