En amistosa reunión de amigos y cómplices, la LXIII Legislatura reafirmó su vocación sumisa y servil.
San Luis Potosí.- Durante la comparecencia del Fiscal General del Estado José Luis Ruiz Contreras, en el Congreso del Estado con motivo de la glosa de su informe anual de actividades, las y los diputados de la LXIII Legislatura, dejaron clara su nula intención de cuestionar y mucho menos de exigir resultados a los funcionarios públicos que han sido ungidos por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
Entre felicitaciones y vulgares preguntas hechas a modo, diputadas y diputados de todas las fracciones parlamentarias se prestaron tristemente al juego orquestado por el ejecutivo estatal, dejando de lado su responsabilidad constitucional de representar al pueblo potosino, y olvidaron cuestionar y señalar al fiscal sobre los muchos problemas que hoy enfrenta la impartición de justicia en San Luis Potosí.
En vergonzosas intervenciones, las y los legisladores dejaron en evidencia la mórbida operación de las oficinas del ejecutivo y el legislativo, en la cual «le pasan» a los diputados las preguntas prefabricadas y ensayadas minuciosamente por Ruiz Contreras a fin de hacerse lucir y verse bien frente a las cámaras y los medios presentes.
Sin datos precisos ni información relevante, el Fiscal General aprovechó la máxima tribuna del Estado para placearse a sus anchas, sin que nada ni nadie tuviese la más minima intención de opacar «su momento» con una pregunta que causara la más ínfima incomodidad al compareciente o que no estuviese aprobada previamente por los operadores de Gobierno, la Fiscalía y el propio Congreso local.
Las honrosas excepciones vinieron de voz de la diputada Gabriela Martínez Lárraga, del diputado Rubén Guajardo Barrera y del diputado Edmundo Torrescano Medina, quienes mediante el mínimo esfuerzo requerido, al menos rompieron con la dinámica de practicado intercambio de verborrea con cara de comparecencia.
Sobrado y soberbio, Ruiz Contreras no fue cuestionado por ningún legislador sobre los casos de alto impacto que han sacudido al estado: las mujeres desaparecidas en un bar de Ciudad Fernández; las denuncias en contra de Ricardo Gallardo Juárez, en donde le acusan del desvío multimillonario de recursos municipales de la capital; el enorme rezago en el desahogo de carpertas de investigación; la persecusión a todas luces política del alcalde de Matehuala; la existencia ya admitida del cartel de los ministeriales; la falta de resultados en las investigaciones de los asesinatos de Crispín Ordaz y otros actores políticos en el estado; el uso excesivo de la prisión preventiva; las graves omisiones de la FGE en el caso de los migrantes rescatados en el altiplano; las millonarias observaciones por la mala aplicación de recursos públicos; el oneroso robo a las instalaciones de la Fiscalía en la delegación de La Pila, entre muchas otras que evidentemente, quedarán en el tintero de la timidez, la sumisión y el miedo.
