lunes, septiembre 21, 2026

FGESLP no ha liberado ordenes de búsqueda por caso Rich

A cuatro días del colapso del barandal en el antro Rich, derivado de lo cual dos jóvenes murieron, la Fiscalía General Estado de San Luis Potosí (FGESLP), no ha librado ninguna orden de aprehensión en contra de las o los presuntos responsables, pues se encuentran integrando la carpeta de investigación; no obstante, existen versiones de que el presunto dueño y la representante legal del establecimiento nocturno se encuentran ilocalizables.

Ayer la fiscal general del estado, María Manuela García Cázares dio a conocer que la institución de procuración de justicia continúa integrando la carpeta de investigación aperturada por los hechos ocurridos la noche del 7 de junio del 2024 en un antro Rich, ubicado en la plaza Alttus.

Detalló que se encuentran analizando todos los videos de la plaza, tanto de las cámaras que se encuentran en el antro como en las instalaciones de la plaza, lo cual les permitirá determinar quién o quiénes son los responsables de este delito.

En este sentido, García Cázares mencionó que se investigarán las omisiones por parte del personal del bar y autoridades, al ver que el número de personas que ingresaron al lugar excedía el cupo máximo.

Con respecto a los dueños del lugar, se dio a conocer que el nombre de la persona que solicitó la licencia de funcionamiento como restaurante bar al Ayuntamiento capitalino, la cual ya no estaba vigente en el momento del accidente, corresponde a Nancy Aurora Navarro Gil, quien laboraría para el empresario Ulises González, quien contaba con otros tres antros que ya fueron clausurados por la Coordinación Estatal de Protección Civil.

De acuerdo con versiones oficiales, Ulises González se encuentra ilocalizable, pues no ha respondido llamadas o se ha puesto en contacto con autoridades estatales o municipales, o con los familiares de las víctimas, así lo confirmaron los titulares de las Secretarías Generales del Ayuntamiento y de Gobierno del Estado, Daniel Hernández Delgadillo y J. Guadalupe Torres Sánchez, respectivamente.

Asimismo, según algunas versiones extraoficiales y de otros medios de comunicación, Ulises González presuntamente abandonó el estado potosino e incluso el país, con intenciones de no responder ante los delitos que se le podrían imputar, así como el costo de las indemnizaciones y gastos hospitalarios.

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