Una investigación financiera de alto perfil que involucra al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, y a 19 personas de su círculo cercano ha sido reactivada por el gobierno federal, reveló en su columna “Las 9 Esquinas” el periodista Juan José Rodríguez Medina. La indagatoria, originalmente iniciada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020 bajo la dirección de Santiago Nieto Castillo, abarca también a 20 empresas, entre las que figuran varias propiedades de la familia Gallardo.
Rodríguez Medina detalla que la investigación surgió a partir de la carpeta de denuncia FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, iniciada tras una serie de reportes sobre irregularidades financieras en las administraciones municipales de la capital potosina y Soledad de Graciano Sánchez. Estas anomalías habrían tenido lugar durante las gestiones de Ricardo Gallardo y su padre, Ricardo Gallardo Juárez, y estarían relacionadas con el uso de recursos a través de las empresas médicas Clínica Wong y Axioma Kusuri, entre otras, con un monto presuntamente involucrado de 724 millones de pesos.
Desde que la denuncia se hizo pública en 2021, los avances en la investigación quedaron en la incertidumbre luego de la salida de Santiago Nieto de la UIF. Sin embargo, según la columna de Rodríguez Medina, la Fiscalía General de la República (FGR) ha retomado las investigaciones y cuenta con documentación oficial que respalda esta acción.
En la columna también se indica que en agosto pasado se envió una solicitud a la Secretaría de Finanzas de San Luis Potosí para que proporcione información detallada sobre bienes muebles e inmuebles registrados a nombre de las personas y empresas señaladas. Además, se pidió a la Policía Federal Ministerial designar un equipo para investigar el “modus vivendi” del gobernador y sus asociados, incluidas sus residencias, actividades profesionales, vínculos familiares y antecedentes patrimoniales.
Según Rodríguez Medina, el pasado 9 de septiembre se generó un informe criminal relacionado con estas investigaciones, y recientemente los ayuntamientos de Soledad de Graciano Sánchez y de la capital potosina también recibieron solicitudes para aportar información sobre los casos vinculados a las empresas médicas. Esta reapertura de la investigación mantiene la atención pública sobre las finanzas del mandatario potosino y su entorno, generando expectativas sobre sus posibles implicaciones legales.
