En una decisión que genera descontento social, el Congreso de San Luis Potosí aprobó en su última sesión ordinaria de 2024 la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2025. Este paquete fiscal incluye nuevos y mayores impuestos, destacando el incremento en la enajenación de inmuebles, la venta de bebidas alcohólicas y el hospedaje, lo que representa una carga adicional para la población.
Con 21 votos a favor y cinco en contra, el Pleno respaldó el proyecto impulsado por el gobierno estatal, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona. Sin embargo, la medida ha sido severamente criticada por diversos sectores, que señalan la insensibilidad de gravar aún más a los ciudadanos en un contexto económico incierto.
Divisiones partidistas y contradicciones
Los votos a favor provinieron principalmente de las bancadas de Morena, PRI y aliados del gobierno estatal. Este apoyo resulta contradictorio, especialmente en el caso de Morena, que históricamente ha abogado por políticas que supuestamente protegen el poder adquisitivo de las familias trabajadoras. La bancada del PRI, representada por Sara Rocha y Frinné Azuara, también respaldó la iniciativa, consolidando su alineación con el ejecutivo local.
En contraste, los votos en contra provinieron de legisladores del PAN —Rubén Guajardo, Aránzazu Puente, Marcelino Rivera y Mireya Mancini— y del representante de Movimiento Ciudadano, Marco Antonio Gama Basarte. Estos diputados señalaron que los nuevos impuestos reflejan un afán recaudatorio desmedido que afectará directamente a la clase media y sectores vulnerables.
Más impuestos, más desigualdad
Entre las medidas aprobadas destacan un incremento del 3% en el impuesto sobre la enajenación de inmuebles y la venta de bebidas alcohólicas, así como un aumento del 3% al 4% en el impuesto sobre el hospedaje. Estas disposiciones no solo impactarán a los consumidores finales, sino también a sectores económicos clave como el inmobiliario, el turismo y el comercio.
Critican que, lejos de buscar soluciones alternativas para fortalecer las finanzas públicas, el gobierno estatal optó por una estrategia que carga el peso fiscal sobre los contribuyentes, en especial en un contexto donde la inflación y la desaceleración económica ya afectan a la mayoría de las familias potosinas.
¿Dónde queda la rendición de cuentas?
El paquete fiscal aprobado no está exento de dudas sobre su destino y utilidad. Los críticos señalan la falta de transparencia en la asignación de los recursos recaudados, cuestionando si realmente serán utilizados para proyectos de beneficio público o quedarán en opacidad, como ha ocurrido con iniciativas anteriores.
