La OEA denuncia crímenes de lesa humanidad y exige justicia por las violaciones a derechos humanos en centros de detención en Venezuela.
Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), expresó su enérgico repudio ante las recientes denuncias sobre el secuestro y la tortura de menores en centros de detención en Venezuela. Almagro consideró estos actos como «crímenes de lesa humanidad» que deben ser severamente sancionados.
En un comunicado emitido este jueves, Almagro reveló la existencia de audios perturbadores que describen situaciones inhumanas en estos centros. Los informes indican que los menores son sometidos a torturas, incluyendo descargas eléctricas, golpizas, privación de alimentos y abusos sexuales. Además, muchos de estos jóvenes enfrentan acusaciones sin fundamento, como terrorismo y traición a la patria.
El secretario general condenó de manera rotunda estas atrocidades, subrayando que estos crímenes representan una nueva dimensión de responsabilidad penal internacional para las autoridades venezolanas. «Es esencial que la comunidad internacional tome medidas para garantizar que estos actos no queden impunes«, subrayó, haciendo hincapié en la necesidad de acciones concretas para que los responsables enfrenten la justicia.
Según la ONG Foro Penal, actualmente hay 1,916 personas detenidas en Venezuela por motivos políticos, de las cuales 1,676 son hombres y 240 mujeres, incluyendo a 70 adolescentes de entre 14 y 17 años. La mayor parte de estas detenciones se han producido tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, que generaron una crisis después de que la oposición, a través de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), denunciara un supuesto fraude. Esta coalición afirma que su candidato, Edmundo González Urrutia, es el verdadero presidente electo, en contraste con el resultado oficial que reafirma la reelección de Nicolás Maduro.
Mientras el gobierno de Venezuela culpa a los manifestantes vinculados a la PUD por los disturbios, la oposición acusa a las fuerzas de seguridad de ejercer una represión violenta en las protestas. La situación en el país sigue siendo alarmante, y la comunidad internacional mantiene una mirada atenta.
