El fiscal general de San Luis Potosí José Luis Ruíz Contreras minimizó el amparo que la justicia federal concedió al exsecretario de salud Miguel Ángel «N» que anuló su vinculación a proceso al señalar que se trata de un «trámite normal» y no es un resultado adverso para la fiscalía, ni tampoco «cabe ninguna posibilidad» de que el imputado recupere su libertad.
El encargado de la procuración de justicia en la entidad expuso «se está avanzando, como se sabe se concedió un amparo para efectos de que se reponga el procedimiento, es un trámite normal es una actuación de defensa, el amparo es para que se permita a la defensa leer todas constancias de toda la carpeta de investigación».
Dijo además que, en su momento se dará cumplimiento a esta resolución una vez que cause ejecutoria, en este sentido, explicó que el juez de control citará a una nueva audiencia de vinculación y sin mayor trámite el juez emitirá de nueva cuenta la vinculación del imputado.
En entrevista por separado, la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) Olga Regina García López reconoció que la audiencia de vinculación a proceso se tendrá que llevar a cabo de nueva cuenta y apegándose a los lineamientos específicos que marca la solicitud de amparo, con plenitud de jurisdicción del juez «pero purgando los vicios que en su momento no cumplió«.
Sobre la posibilidad de que este proceso a reponerse pudiera derivar en la recuperación de la libertad del exfuncionario de salud, la magistrada detalló que la libertad de jurisdicción dependerá del resultado de la nueva audiencia, misma en la que podría dictarse prisión preventiva o no «no nos podemos adelantar», declaró.
Asimismo señaló que el amparo no evidencia un «error» del juez solamente, sino de todos los participantes en la conformación de la carpeta de investigación, incluyendo a la Fiscalía General de San Luis Potosí.
Miguel Ángel Lutzow, exsecretario de Salud del estado fue detenido en mayo del año en curso por su participación en los probables delitos de uso abusivo de la función pública y asociación delictuosa con un presunto daño al erario público estimado en 32 millones de pesos.
