Gerardo Sánchez Zumaya, empresario potosino y dueño de la firma Petrogesa, enfrenta serias acusaciones por presuntamente encabezar una red de lavado de dinero y fraude a través de sus relaciones comerciales con Pemex, tras recibir contratos directos de la paraestatal entre 2021 y 2024. La denuncia, interpuesta el pasado 5 de noviembre ante la Fiscalía de Tabasco, acusa a Sánchez Zumaya, de 34 años, de delitos de lavado de dinero y evasión fiscal.
La investigación se enfoca en una red de compañías y personas, presuntamente prestanombres del empresario, que habrían facturado más de 15 mil millones de pesos mediante movimientos sospechosos entre 2022 y 2024. La acusación documenta transacciones entre 17 empresas en México y tres firmas radicadas en Estados Unidos, las cuales podrían haber simulado operaciones comerciales a través de direcciones ubicadas en zonas populares y barrios de escasos recursos.
Contratos de asignación directa y recursos legales
Petrogesa, compañía insignia del conglomerado de Sánchez Zumaya, recibió contratos por más de 520 millones de pesos sin licitación, destinados a trabajos de mantenimiento de la flota naval en Ciudad Madero y otras labores en instalaciones de Pemex. Recientemente, el empresario solicitó amparos en el Juzgado Octavo de Distrito en San Luis Potosí, buscando evitar una posible orden de arresto relacionada con estas investigaciones.
Red de facturación y empresas fachada
Las acusaciones también señalan a José Rafael Castillo Florencia, socio de dos empresas llamadas Edjora y Castrieb, quienes facturaron a Petrogesa más de 3 mil millones de pesos en los últimos dos años, según los documentos. Las compañías del conglomerado de Sánchez Zumaya ofrecen servicios para el suministro de químicos, limpieza de ductos, y otras tareas para Pemex, especialmente en complejos de Lázaro Cárdenas, Minatitlán, Salina Cruz, Cadereyta y Dos Bocas.
Competencia desleal y posible robo de insumos
El denunciante, representante jurídico de varias empresas que alertaron a Pemex sobre la situación, señaló que esta supuesta red también implica prácticas de competencia desleal y posiblemente el «robo hormiga» de materias primas que luego serían vendidas en el mercado. La denuncia incluye una vasta colección de facturas electrónicas, declaraciones fiscales y registros de constitución de las empresas ligadas a Sánchez Zumaya y sus supuestos prestanombres.
Medios y denuncia pública
En semanas recientes, investigaciones de medios como Latinus y el periodista Carlos Loret han puesto en el centro de la discusión los contratos asignados a Petrogesa. Los informes sugieren que Sánchez Zumaya ha establecido una red de familiares y amigos sin experiencia empresarial para fungir como prestanombres y facilitar operaciones millonarias a través de diversas compañías.
La Fiscalía de Tabasco y otras autoridades fiscales investigan la magnitud de las presuntas irregularidades y su impacto en Pemex. Las autoridades deberán analizar las pruebas documentales presentadas para determinar el alcance de la red y posibles sanciones legales, mientras el caso se perfila como un nuevo reto en la lucha por la transparencia dentro de la petrolera estatal.
