Por no haber comprobado haber votado por las y los candidatos del partido del gobernador, José Ricardo Gallardo Cardona, e incluso por no asistir al cierre de tal campaña proselitista, ya se despide a personal de la administración estatal, sin que exista justificación legal alguna, más allá del autoritarismo del mandatario estatal, denunció la secretaria de tesorería y fundadora del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Estado (SITTGE), Francisca Reséndiz Lara.
Lamentó que no solamente se haya corrompido el proceso electoral al forzar a las y los integrantes del gobierno estatal para apoyar el proyecto político del mandatario estatal, sino a utilizar los recursos públicos, mediante programas sociales en forma ilegal, para doblegar la voluntad popular a su favor, y también mantener la exagerada promoción de la figura del mandatario estatal durante el período de los comicios, sin que los organismos electorales actuasen para imponer la ley.
«Ahora ha comenzado a despedir a compañeras y compañeros, por el simple hecho de no comprobar que votaron por sus opciones políticas, o porque no asistieron el pasado 29 de mayo al cierre de campaña de sus candidatas y candidatos, lo que, según el mandatario estatal, debieron apoyarlo, y al entrar en sus centros de trabajo tuvieron que enseñar fotografías en su celular donde comprobaran que votaron por sus candidatas y candidatos, así como que asistieron al citado evento», acusó la lideresa sindical.
Indicó que esto es ilegal, tanto en el aspecto de los derechos políticos, como en los derechos laborales, demostrando que lo único que le interesa a José Ricardo Gallardo Cardona es cada vez tener más poder, mediante la represión contra quienes no se le someten, la corrupción en todo el manejo de los recursos públicos y la ilegalidad en sus acciones, principalmente contra sus propias empleadas y empleados, a quienes les niega sus derechos laborales.
Señaló que a la fecha sigue sin abonar las aportaciones de la burocracia y las que le corresponden como parte patronal al fondo estatal de pensiones, dejando sin solvencia financiera las jubilaciones y los préstamos, al adeudar por lo menos más de 4 mil 500 millones de pesos, y de igual forma, niega el derecho a la salud, quitándoles la cobertura del seguro social, al mercantilizarlo, cobrando la atención médica a través de un seguro privado, cuando debiera ser gratuito.
Asimismo, urgió al gobernador a asumir sus responsabilidades como la parte patronal, y, realmente, como mandatario estatal, porque las y los trabajadores estatales requieren se respete su derecho a la jubilación y a la salud, así como cesar agresiones, violencia y persecución contra el SITTGE, para que, en lugar de hostigarlos, cumpla su compromiso de resolver sus justas demandas laborales, cumpliendo las minutas del 8 de abril del 2022 y la del 21 de abril del 2021.
Lamentó que, a casi tres años de gobernar, el mandatario estatal sigue privilegiando el gasto superfluo en frivolidades como conciertos y presentaciones de artistas, así como en obras innecesarias, así como en seguir impulsando su proyecto político, a pesar de que obtuvo una mayoría en los cargos de elección popular, ignorando las necesidades reales de la población en materia de seguridad, agua potable, salud y educación, a los que destina pocos recursos.
