La Comisión de Hacienda del Estado aprobó el Paquete Económico 2025, con un monto superior a los 65,561 millones de pesos, lo que representa un aumento del 3.4 por ciento en relación al presupuesto ejercido este año.
Aunque la presidenta de la comisión, diputada María Dolores Robles Chairez, destacó que las iniciativas fueron entregadas «en tiempo y forma» al Congreso y que cumplen con la normatividad vigente, diversos sectores han señalado que los ajustes contemplados afectan directamente a la ciudadanía, especialmente en temas de control vehicular y nuevas tasas gravables.
Uno de los cambios más controversiales es el relacionado con el control vehicular, donde el valor de los vehículos usados se calculará con base en la factura inicial, ignorando el desgaste natural y la depreciación de las unidades. Esta modificación podría traducirse en mayores costos para los propietarios de automóviles.
Adicionalmente, se incluyen incrementos en la tasa gravable para la enajenación de bienes inmuebles y la venta de bebidas alcohólicas, cuyos detalles quedarán sujetos a reglas de operación que emitirá la Secretaría de Finanzas antes de que entre en vigor la Ley de Ingresos del próximo año. Esta falta de claridad genera incertidumbre y abre la puerta a posibles arbitrariedades.
Si bien el Paquete Económico contempla cumplir con la Ley de Disciplina Financiera, estas medidas parecen cargar nuevamente el peso de las finanzas públicas sobre los contribuyentes, dejando de lado alternativas que no impacten de forma tan directa el bolsillo de las y los ciudadanos.
La aprobación de este presupuesto deja en el aire preguntas sobre la equidad de las decisiones tomadas y si realmente se están priorizando las necesidades de la población en general o intereses específicos que no responden a la realidad económica de muchas familias.
