Luego de que se revelara la existencia de documentación en la que la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) habría emitido una «Opinión Técnica Favorable» para el antro Rich, lo cual dio pie al pago de un refrendo por la licencia para la venta de bebidas alcohólicas a la Dirección de Gobernación, el Secretario General del Gobierno del Estado, J. Guadalupe Torres Sánchez, informó que la Contraloría General del Estado posiblemente iniciará una investigación sobre los funcionarios estatales involucrados.
Lo anterior en respuesta a una pregunta de representantes de medios de comunicación, ante la mirada atónita del titular de CEPC, Mauricio Ordaz, tal como se puede aprecia en videos y fotografías.
Torres Sánchez explicó que, aunque la administración estatal está colaborando estrechamente con la Fiscalía General del Estado (FGE), la responsabilidad de dictaminar sobre cualquier implicación directa recae en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).
“El estado no tiene el monopolio ni la rectoría de la investigación. Esa responsabilidad corresponde a la Fiscalía General del Estado, y la decisión sobre cualquier responsabilidad directa no recae en la Fiscalía, sino en el Poder Judicial”, expuso.
La declaración del Secretario General subraya el proceso de separación de poderes en la entidad, enfatizando que las decisiones finales sobre las responsabilidades recaen en el Poder Judicial, asegurando así la imparcialidad y la justicia en el manejo del caso.
