La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) promovió un juicio de amparo ante los juzgados federales para conocer la legalidad de los actos de fiscalización que la Auditoría Superior del Estado (ASE) está desarrollando en este 2023, mismo que aún se encuentran en trámite ante instancias federales.
Lo anterior, luego de la renuncia en diciembre de 2021 de la entonces titular de la ASE, Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, y la designación de Edith Virginia Muñoz Gutiérrez como encargada del despacho, quien hasta la fecha no ha sido ratificada en el cargo.
En este sentido, la UASLP detalló que en el año 2022 no existieron recursos de carácter estatal otorgados por el Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, ni recursos propios considerados en la Ley de Ingresos del Estado que pudieran ser materia de fiscalización por la ASE.
No obstante, en lo relativo a los recursos obtenidos para el año 2022, tanto de la Federación, del Gobierno del Estado y de recursos propios, la UASLP ha sido objeto de los siguientes procesos: Presentación de la cuenta pública ante el Congreso local; entrega de Estados Financieros dictaminados a la Comisión de Vigilancia y el Consejo Directivo Universitario; así como de la presentación de Informes Financieros Trimestrales del Subsidio Ordinario (ITSO) ante la Secretaría de Educación Pública.
Asimismo, la UALSP ha sido objeto de un proceso de auditoría de recursos federales por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), así como auditorías internas efectuadas por el Órgano Interno de Control de la máxima casa de estudios de la entidad.
Asimismo, la institución dijo estar consciente de la autonomía universitaria, que implica la responsabilidad de rendir cuentas de su trabajo, “así como dar a conocer el origen, destino y uso de los recursos que recibe, informado que los mismos se administran con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”.
