La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó que durante 2023, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) y los municipios de Soledad de Graciano Sánchez, Alaquines, Xilitla y Guadalcázar adjudicaron de forma irregular un total de 12 contratos de obra. A través de procesos de adjudicación directa e invitación restringida, estos contratos sumaron un monto de 140.9 millones de pesos, lo que ha llevado a la Contraloría General del Estado a iniciar una investigación para esclarecer posibles responsabilidades.
Los detalles de estas observaciones están contenidos en el informe final de la auditoría de cumplimiento número 2023-A-24000-19-1775-2024, correspondiente al ejercicio fiscal 2023 del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE). Este documento fue presentado como parte de la segunda entrega de auditorías de la ASF para ese año.
La revisión realizada por el órgano fiscalizador incluyó doce expedientes técnicos de los procedimientos de adjudicación y contratación en obra pública financiados con recursos del FISE. En el análisis, se encontró que la Seduvop y los ayuntamientos de Guadalcázar, Soledad, Alaquines y Xilitla adjudicaron once contratos mediante asignación directa por un total de 134.6 millones de pesos, además de un contrato bajo invitación restringida por 6.2 millones de pesos. Dichos contratos no respetaron los límites máximos permitidos y se asignaron sin cumplir con el proceso de licitación pública que la normativa establece para estos montos.
La mitad de las obras señaladas corresponde a la Seduvop, con contratos por 91.2 millones de pesos, de los cuales el más significativo fue de 29.8 millones para la rehabilitación del alumbrado público en Rioverde. El municipio de Soledad de Graciano Sánchez también tuvo una asignación irregular de 28.4 millones de pesos.
Otros contratos observados incluyeron 10 millones de pesos en Guadalcázar, 6.2 millones en Xilitla y cinco millones en Alaquines.
En respuesta a estos hallazgos, la Contraloría General del Estado ha abierto el expediente CGE/DIAEP/EIA-094/2024 para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos involucrados.
