La secretaria de organización del Partido Revolucionario Institucional y regidora de la capital potosina, Martha Orta Rodríguez calificó como “normal”, el desplegado de los más de tres mil 800 priistas que exigen la renuncia del presidente del partido, Elías Jesrael Pesina Rodríguez.
Si bien, Orta Rodríguez celebra las expresiones de todas aquellas personas que hacen manifestaciones al interior del partido, señaló que no le tienen miedo a ese tipo de situaciones.
De acuerdo con la secretaria, varias de las personas que aparecen como firmantes del desplegado, desde hace mucho tiempo dejaron de militar en el PRI, mientras que otros, a quienes ya tienen identificados, ni siquiera se paran en la sede del partido, y creen que a través de golpeteos la militancia va a responder.
«Es normal, no veo que sea una situación alarmante, pero sí atenderla. A todos los firmantes los invitó a regresar al partido y afiliarse, porque algunos de ellos renunciaron a la militancia”, sostuvo Orta Rodríguez.
Asimismo, indicó que algunos de los personajes que firman el documento, ni siquiera fueron consultados para ello, por lo que más adelante van a pronunciarse al respecto.
Respecto a las acusaciones graves en las que se señala que la actual dirigencia priista podría ser tomada como moneda de cambio para obtener impunidad, en casos de presuntos actos de corrupción del gobierno Carrerista, la funcionaria rechazó la situación, al aseverar que “el PRI es más grande que la dirigencia, tiene militancia y eso es lo que al final va a prevalecer”.
De igual forma, justificó el que Pesina Rodríguez no se haya manifestado en relación a las acusaciones hechas por el gobierno encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, en los que arremetió en contra de varios exfuncionarios del sexenio anterior, incluido él, por el gasto millonario en consumibles de cómputo, lo cual se señaló que investigará la Contraloría General del Estado, para determinar si las mercancías fueron entregadas o no.
En ese sentido, la secretaria apuntó que muchas cuestiones que están en la Contraloría General del Estado y en la propia Auditoría Superior del Estado son temas que se tienen que solventar, y entrar a la discusión pública puede incluso demeritar el hecho de lo que se esté tratando de solventar o no.
“Cuando hay procedimientos de este tipo, se hacen en la vía que corresponde. Dirimirlo de manera pública a veces genera situaciones que pueden generar controversia y decir cosas que no necesariamente estén apegadas a la legalidad”, sostuvo la priista.
