La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la resolución 12/ 2023 en la que ordena al estado mexicano adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de Juan Carlos Soni Bulos, una decena de sus familiares y un par de personas más habitantes de Tanquián de Escobedo, San Luis Potosí y que desde hace años viven en una situación de riesgo.
De acuerdo con este documento dado a conocer recientemente por Juan Carlos Soni Bulos y dos de sus colaboradores en el Grupo Huasteco de Promoción y Defensoría de los Derechos Humanos, se encuentran en riesgo por amenazas, hostigamientos y hechos de violencia presuntamente practicados por grupos del crimen organizado y fuerzas de seguridad en la Huasteca Potosina.
Se señala en el documento que las primeras agresiones iniciaron desde el 2013, luego de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) identificara a su hermano, Jorge Luis Soni Bulos como presunto integrante de una célula criminal en la región, y en el mes de junio se presentara una incursión de elementos de la Marina y de la Secretaría de Seguridad Pública Federal a la propiedad de Juan Carlos, la cual allanaron, esposaron a las personas que se encontraban en el interior e incluso hubo robo de pertenencias, todo ello sin una orden judicial.
Desde aquel entonces y hasta febrero de este 2023, es decir ya durante una década, Juan Carlos y su familia han padecido una serie de ataques por parte de presuntos integrantes del crimen organizado, algunos de ellos presuntamente en complicidad de las autoridades locales. Incluso el denunciante se ha adherido al mecanismo federal de protección a personas defensoras de derechos humanos.
Entre esta serie de ataques destaca que el 25 de diciembre de 2022 las casas de dos de los colaboradores del Grupo Huasteco fueron atacadas por un comando armado, incluso con granadas de fragmentación, por lo que a través del Mecanismo de Protección se llamó a la Guardia Nacional, quienes acudieron al lugar más de 15 horas después de la solicitud urgente que se les hizo.
Posteriormente ya en enero del 2023, Jorge Luis Soni Bulos y otros dos de sus familiares fueron privados de su libertad por un presunto grupo criminal, por lo que no se supo de ellos hasta semanas después cuando se dio la noticia de que Jorge Luis fue asesinado y se encontró su cuerpo, mientras que las otras dos personas fueron liberadas de su cautiverio.
Por todo lo anterior y más situaciones similares que han sucedido durante años, la CIDH determinó hace unos días ordenar al Estado Mexicano diferentes medidas para la protección de este activista, sus colaboradores y su familia, asimismo tiene hasta la primera semana del mes de abril, para informar el cumplimiento de la resolución, cuáles fueron las medidas cautelares aplicadas y actualizar dicha información de forma periódica.
