En una histórica decisión, el pleno del Congreso de San Luis Potosí aprobó con 20 votos a favor y sólo 4 en contra la despenalización del aborto en el estado. Tras una prolongada lucha por parte de colectivos y grupos a favor de los derechos reproductivos, las modificaciones al Código Penal fueron finalmente avaladas, derogando los artículos 148, fracciones I y II; 149 y 150, fracción III, que hasta ahora penalizaban la interrupción del embarazo.
La votación, realizada durante la Sesión Ordinaria, da cumplimiento a una sentencia del Juzgado Tercero de Distrito, emitida el pasado 20 de septiembre. Esta sentencia, en el marco del Juicio de Amparo 765/2024, exige al estado acatar la resolución que considera inconstitucional penalizar a las mujeres y personas gestantes por interrumpir un embarazo en las primeras 12 semanas de gestación.
La aprobación de esta reforma también cumple con una decisión del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, que desde el 23 de agosto de 2024 había ordenado garantizar el respeto a los derechos reproductivos como parte de los derechos político-electorales de las mujeres. Esta disposición fue respaldada por la mayoría de los diputados del Congreso estatal, quienes consideraron que la reforma es un avance en los derechos y autonomía de las mujeres y personas gestantes.
Sin embargo, la decisión no estuvo exenta de controversia. Cuatro votos en contra, entre ellos el del diputado Rubén Guajardo del Partido Acción Nacional (PAN), reflejaron la postura de algunos legisladores que se oponen al aborto por convicciones personales y políticas. «En el PAN no le mentimos a la gente… estamos a favor de la vida desde la concepción hasta la muerte«, afirmó Guajardo, justificando su voto negativo en congruencia con los principios de su partido.
A pesar de estos votos en contra, la reforma entra en vigor, eliminando la posibilidad de criminalización de mujeres y personas gestantes que decidan interrumpir su embarazo antes de las 12 semanas de gestación. Ahora, el siguiente paso será modificar la Ley de Salud del estado para garantizar que las personas que requieran servicios de interrupción del embarazo puedan recibir atención médica de calidad y en condiciones seguras.
Este avance en San Luis Potosí coloca al estado en línea con otras entidades mexicanas que han despenalizado el aborto en respuesta a la creciente presión social y legal en favor de los derechos reproductivos y la salud de las mujeres y personas gestantes.
